El Defensor del Pueblo concluye que la Ley de Evaluación Ambiental del Govern balear supone un retroceso en el nivel de protección de la Serra de Tramuntana

El Defensor del Pueblo concluye que la Ley de Evaluación Ambiental del Govern balear supone un retroceso en el nivel de protección de la Serra de Tramuntana

El Defensor del Pueblo concluye que la Ley de Evaluación Ambiental del Govern balear supone un retroceso en el nivel de protección de la Serra de Tramuntana

El Defensor del Pueblo ha remitido una carta a la Fundación Vida Silvestre Mediterránea en la que le responde a la queja presentada en septiembre de 2016 en la que reclamaba la inconstitucionalidad de la disposición final segunda de la Ley de Evaluación Ambiental de Baleares por, entre otras cosas, rebajar la protección medioambiental de los espacios protegidos de las islas sin justificación científica alguna, y su revocación. El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, concluye en la misiva que la “nueva norma (en referencia a la Ley de Evaluación Ambiental) supone un retroceso en el nivel de protección” de la Serra de Tramuntana” y al respecto realiza dos sugerencias y una recomendación a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

En primer lugar, y (dice) “dado que la Conselleria no ha aportado la justificación objetiva que ponga de manifiesto que la nueva regulación no supone un patente retroceso en el grado de protección alcanzado”, sugiere la realización de un estudio que acredite que no se va a producir una afección negativa sobre los valores ecológicos que motivaron la declaración del espacio por la afluencia de público y la imposición de condiciones suficientes para garantizar su conservación, antes de otorgar la autorización de acceso a las zonas de exclusión de un espacio natural protegido, incluida la Serra de Tramuntana; y, en segundo lugar, en caso de advertirse que el impacto pudiera ser negativo, el Defensor del Pueblo sugiere no autorizar el acceso y promover la supresión de la disposición transitoria tercera y el artículo 22 a) párrafo segundo de la Ley para la conservación de los espacios de relevancia ambiental de las Illes Balears. Asimismo, el Defensor del Pueblo recomienda la elaboración de una memoria técnica que acredite que la nueva regulación propuesta no supone un retroceso en el grado de protección alcanzado, teniendo en cuenta, entre otros factores, la normativa que se modifica y el estado de conservación de los valores ecológicos que motivaron la declaración del espacio, cuando promueva o tramite una norma que modifique en el régimen jurídico de protección de los espacios naturales.

El Defensor del Pueblo explica que ha tratado de conocer la justificación técnica de las modificaciones introducidas en la Ley para la Conservación de los Espacios de Relevancia Ambiental de las Illes Balears (LECO), en particular su disposición transitoria tercera en relación con el artículo 22 a) de la misma Ley, por las que se amplían los usos de la zona de exclusión que pueden regularse en el planeamiento y pueden autorizarse. El Defensor del Pueblo considera que cuando una administración promueve modificaciones normativas aplicables a los espacios naturales protegidos -y al medio ambiente en general- tal modificación debe ir precedida de una sólida justificación técnica que asegure que no se reduce el nivel de protección ambiental existente. En el caso planteado en esta queja, la tramitación del anteproyecto de Ley no ha ido acompañada de una valoración de las posibles afecciones de los nuevos usos autorizados sobre los valores ecológicos que fundamentan la protección de los espacios. Concluye finalmente que la Conselleria “no ha aportado la justificación objetiva que ponga de manifiesto que la nueva regulación no supone un patente retroceso en el grado de protección alcanzado, en este caso, en la Serra de Tramuntana”, ni (él) “ha encontrado esa cuidadosa ponderación que el Tribunal exige sobre los efectos de la modificación sobre el grado de conservación del espacio natural, teniendo en cuenta, entre otros factores, la regulación preexistente”.

En su carta, para abordar esta modificación, el Defensor del Pueblo hace referencia a la sentencia 514/2015, de 15 de septiembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, por la que se excluía de las previsiones del Plan General de Ordenación Urbanístico (PGOU) de Pollença la servidumbre de acceso al mar a través del Camino de Ternelles, en virtud del grado de protección establecido en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Serra de Tramuntana. Defiende Fernández Marugán que el tribunal “daba prioridad a la limitación establecida en el instrumento de protección del espacio que impedía el acceso público a la costa incluida en la zona de exclusión, a través del camino citado, sobre la servidumbre de acceso al mar que debe garantizar el uso público del dominio público marítimo-terrestre establecido por la legislación de costas”.

Finalmente, el Defensor del Pueblo considera que la resolución del asunto “tiene dos vertientes”: la primera, dirigida a que se adopten todas las medidas precisas para asegurar que la autorización del acceso público a las zonas de exclusión de los espacios naturales protegidos, incluida la Serra de Tramuntana, se realice previo estudio de sus efectos sobre los valores ecológicos que motivaron su declaración y previa imposición de las medidas necesarias para evitar impactos negativos; la segunda dirigida a que, en lo sucesivo, cuando la Conselleria promueva o intervenga en la tramitación de la modificación de una norma de rango legal o reglamentario que modifique el régimen de protección de los espacios naturales lo acompañe de una justificación técnica que acredite que la nueva regulación no supone un retroceso en el grado de protección alcanzado, teniendo en cuenta, entre otros factores, la normativa anterior y el estado de conservación de los valores ecológicos que motivaron la declaración del espacio.

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